Con 22 votos a favor, la Cámara de Diputados neuquina dio luz verde en general al esquema que permite a las empresas operadoras de Vaca Muerta prefinanciar obras viales en las rutas provinciales 7, 8 y 51. La inversión llega a 177 millones de dólares, sin intereses, con la Provincia a cargo de la ejecución y el peaje exclusivamente para las compañías que usan las rutas de manera intensiva.
Las rutas que conectan los bloques productivos de Vaca Muerta con los nodos logísticos de la región tienen un problema conocido: no alcanzan. La infraestructura vial no creció al mismo ritmo que la actividad. El resultado son tramos sin asfaltar o deteriorados que encarecen la operación, generan riesgo vial y limitan la velocidad de desarrollo de uno de los yacimientos más importantes del mundo.
Neuquén acaba de aprobar el mecanismo para resolver eso. La Legislatura provincial aprobó este miércoles, con 22 votos a favor, el proyecto de ley que habilita a las empresas operadoras de Vaca Muerta a prefinanciar obras de pavimentación y repavimentación en 158 kilómetros de las rutas provinciales 7, 8 y 51. La inversión total asciende a hasta 177 millones de dólares. El interés que cobran las compañías por adelantar esos fondos: cero.
La lógica del acuerdo
El mecanismo tiene una arquitectura precisa que vale entender en detalle. Las empresas adelantan los fondos. Ese dinero ingresa a una cuenta especial con afectación exclusiva para infraestructura vial — no puede usarse para otra cosa. La Provincia toma esos fondos y ejecuta las obras directamente, sin intermediación de las compañías. Las empresas van certificando el avance de los trabajos, verificando que la inversión se traduzca en kilómetros de asfalto concretos.
Una vez terminadas las obras, las compañías recuperan lo adelantado. El mecanismo de devolución es el descuento sobre las regalías que las operadoras deben pagar a la Provincia, con un período de gracia de 30 meses antes de que empiece a correr la devolución. No hay intereses ni cargas adicionales en ningún punto del proceso.
El peaje que pagan las empresas — no los neuquinos
Uno de los puntos más importantes del acuerdo es el peaje. Las rutas intervenidas por este programa serán de uso intensivo para las operadoras petroleras: camiones pesados, equipos de perforación, traslado de insumos en volúmenes que deterioran el asfalto a un ritmo que el tránsito convencional no genera.
El esquema establece que ese peaje lo pagan las compañías, en función del uso extraordinario que hacen de la infraestructura que ellas mismas financiaron construir. Los vehículos particulares de los neuquinos que circulen por esas rutas no abonan peaje. Es un criterio de justicia elemental: quien genera el impacto paga el costo.
15 operadoras en la negociación
El acuerdo no se cerró de un día para otro. La Provincia negoció el esquema con 15 empresas operadoras de Vaca Muerta antes de enviar el proyecto a la Legislatura. El diputado Damián Canuto, quien llevó la vocería del bloque PRO-NCN en el debate, subrayó que el financiamiento tiene afectación específica y que la devolución mediante regalías garantiza que el recurso genuino de la provincia no se compromete para cubrir lo que las empresas adelantan.
El legislador Francisco Lepore puso el foco en las condiciones financieras: en un contexto donde el acceso al crédito en dólares es costoso, obtener financiamiento a tasa cero de las propias empresas que necesitan la infraestructura es una ecuación que ningún análisis serio puede calificar como desfavorable para la Provincia.
158 kilómetros que hoy no están
El alcance final de la medida se puede resumir en un dato: si el proyecto avanza a la aprobación en particular y se ejecuta, Neuquén tendrá 158 kilómetros de rutas asfaltadas que hoy no existen. Es infraestructura que ningún financiamiento convencional hubiera podido concretar en los plazos que demanda el ritmo de crecimiento de Vaca Muerta.
El precedente que establece este modelo también importa. Ya existe el antecedente del bypass de Añelo, financiado por YPF a través de un fideicomiso. Este nuevo esquema amplía esa lógica a una escala mayor, con más operadoras y más kilómetros. La Provincia no construye infraestructura para las empresas: les cobra el derecho de uso y las obliga a adelantar lo que necesitan. Esa es la diferencia.
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