El vínculo entre la Provincia y las operadoras de Vaca Muerta tiene hoy una lógica diferente a la que existía hace tres años. El Estado neuquino dejó de ser el que va a pedir y pasó a ser el que fija condiciones. El resultado es concreto: las empresas financian infraestructura vial, becas educativas, formación de mano de obra y se comprometen a crecer con proveedores locales. Lo que cambió no fueron las compañías — fueron las reglas del juego.
En 2023, las mismas empresas que operan en Vaca Muerta ya estaban allí. Los recursos del yacimiento eran los mismos. La geología no cambió. Lo que cambió fue la manera en que la Provincia se para frente a esas empresas y lo que les exige a cambio del acceso a sus recursos.
Esa diferencia no es retórica: se traduce en obras, en fondos para becas, en institutos de formación y en rutas. Y tiene una contracara que sirve para entender la magnitud del cambio: hasta hace poco, el gobierno provincial iba a pedirle a las operadoras que adelantaran fondos para pagar el aguinaldo de los empleados públicos. Eso no es una negociación entre iguales. Es dependencia.
El esquema actual parte de una premisa distinta: Neuquén tiene algo que las operadoras necesitan — el acceso a los bloques del yacimiento más importante de Argentina —, y ese acceso tiene un precio que va más allá de las regalías. Las empresas que quieren operar en Vaca Muerta asumen compromisos concretos con el desarrollo de la provincia.
Qué exige Neuquén hoy
La lista de compromisos que el gobierno provincial le fija a las operadoras tiene varios componentes. El primero es el financiamiento de infraestructura vial: las empresas adelantan fondos para construir rutas que ellas mismas necesitan para operar, sin intereses, y los recuperan vía descuento en regalías. No es un subsidio provincial — es una corresponsabilidad.
El segundo es el financiamiento del plan de becas educativas. Las operadoras contribuyen con fondos para que jóvenes neuquinos puedan formarse en las carreras que el sector demanda. El círculo se cierra: las empresas pagan la formación de los trabajadores que después van a contratar.
El tercero es el Instituto de Formación para trabajadores neuquinos. Un espacio específicamente diseñado para que la mano de obra local pueda certificar las competencias que el sector requiere, reduciendo la contratación de trabajadores de otras provincias para cubrir puestos que los neuquinos pueden ocupar.
El cuarto es el componente de contenido local: la Provincia les exige a las empresas que incrementen la participación relativa de proveedores neuquinos en la distribución del costo petrolero. Que lo que genera Vaca Muerta se quede, en mayor medida, en la provincia.
El RIGI como herramienta de inversión
La nueva ley de hidrocarburos provincial incorporó el segmento del upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que le da a las compañías la certeza jurídica que necesitan para comprometer capital de largo plazo. Las inversiones anunciadas en las últimas semanas —TotalEnergies con 5.000 millones de dólares en San Roque, Pluspetrol y GyP con 12.400 millones en Bajo del Choique— son la demostración concreta de que esa herramienta funciona.
El argumento que sostiene la lógica del RIGI desde la perspectiva provincial es preciso: si las reglas del juego son claras y estables, las compañías invierten más, y más inversión significa más regalías, más empleo y más capacidad fiscal para la Provincia. La certeza jurídica no se opone a los intereses provinciales — los potencia.
Vaca Muerta más allá del petróleo: agricultura y energía
La gestión provincial también impulsa una diversificación que todavía está en etapa de exploración pero que apunta a un horizonte más amplio: estudios agrícola-ganaderos en las tierras que ocupan los yacimientos, realizados por las propias operadoras, para evaluar si hay actividad productiva complementaria posible en esos territorios.
Y una iniciativa ligada directamente a la competitividad del sector: el trabajo conjunto con las compañías para generar energía a partir del metano que hoy se emite como residuo, reduciendo las emisiones y generando un activo que antes se perdía.
La coparticipación y la autonomía
El cambio de paradigma en la relación con las operadoras se enmarca en una discusión más amplia que Neuquén viene sosteniendo hace años: la distribución de la coparticipación federal. La Provincia recibe el 1,54% del total de los fondos coparticipables desde 1988, un coeficiente calculado sobre indicadores que ya no reflejan la realidad actual.
Neuquén tiene el 1,5% de la población del país pero genera cerca del 6% del Producto Bruto Interno nacional. Con esa ecuación, el reclamo de una revisión del coeficiente no es un capricho político — es una corrección de una asimetría estructural que data de casi cuarenta años.
Mientras ese reclamo avanza, el modelo de corresponsabilidad con las operadoras es una forma alternativa de capturar valor del recurso: si el Estado nacional no redistribuye lo que corresponde, la Provincia se lo cobra directamente a quien extrae.
Share this content:
