En pleno corazón de Vaca Muerta, la Provincia detectó construcciones, subdivisiones y hasta un loteo promocionado en redes sobre 240 hectáreas fiscales. Ya avanza con cinco desalojos y frena la comercialización irregular para proteger el patrimonio de todos los neuquinos.
En una de las regiones que más creció al calor de Vaca Muerta, el Estado neuquino trazó una línea clara: las tierras fiscales son de todos y no se ocupan por la fuerza de los hechos. Con ese criterio, la Provincia avanza en la recuperación de aproximadamente 240 hectáreas ocupadas de manera irregular al norte de Añelo, sobre la Ruta Provincial 17 y fuera del actual ejido municipal.
La intervención partió de una inspección concreta. El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, recorrió el sector junto a personal policial y representantes de la Municipalidad de Añelo. Lo que encontró fue elocuente: construcciones, estructuras de características industriales, movimientos de suelo, cerramientos y subdivisiones, todo realizado sin autorización provincial.
El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que el procedimiento permitió notificar a los ocupantes y hacer una constatación integral de la situación, cuyos antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía de Estado. Sobre esa base, la Provincia ya avanza en cinco procesos de desalojo y anticipa nuevas actuaciones para restituir los terrenos y recuperar el control estatal.
Tierras que nunca fueron transferidas
Para entender el conflicto hay que remontarse a 2015. Ese año se otorgaron derechos sobre estas tierras fiscales para un proyecto productivo vinculado a la cría de ganado caprino. El proyecto nunca se concretó y, con el tiempo, esos derechos quedaron sin efecto.
Sin embargo, pese a esa caducidad, sobre los terrenos se hicieron subdivisiones y sucesivas operaciones sin aval provincial. Con el correr de los años empezaron a instalarse empresas y particulares, y a ejecutarse construcciones y movimientos de suelo. Salvatori fue categórico al marcar la irregularidad de fondo: ninguno de los terrenos involucrados cuenta con título de propiedad ni con los instrumentos administrativos previos que exige la dirección provincial de Tierras para avanzar hacia una eventual venta.
Durante la inspección se identificaron parcelas de distintas dimensiones, algunas de hasta 30 hectáreas, y ocupantes que presentaron documentación y planos de operaciones particulares. La Provincia recordó que esos papeles no reemplazan los procedimientos legales necesarios para disponer de tierras del Estado.
Frenar el negocio sobre lo que no se puede vender
La respuesta estatal no se limitó a los desalojos, sino que apuntó a cortar de raíz un circuito de operaciones irregulares. El área provincial de Tierras notificó a los colegios profesionales de Martilleros y Agrimensores de Neuquén para impedir que se sigan concretando operaciones sobre esos terrenos.
Un dato encendió las alarmas: la Provincia detectó la promoción en redes sociales de un loteo dentro del sector. Ante eso, se inició un trabajo articulado con Defensa del Consumidor para atender a los particulares que pudieran haber sido perjudicados al comprar, de buena fe, tierras que en realidad son fiscales. En la misma línea, a través de la Fiscalía de Estado se solicitó el envío de cartas documento a los promotores vinculados con estas maniobras.
La Provincia fue por más y pidió a la Fiscalía de Estado una medida cautelar para paralizar las obras mientras avanzan las actuaciones administrativas y legales, con el objetivo de impedir nuevas construcciones y evitar que la ocupación siga extendiéndose. Los controles también alcanzaron la logística del lugar: se detuvieron camiones vinculados a movimientos de materiales y se labraron multas por irregularidades detectadas en las guías mineras.
Así, la intervención operó en simultáneo sobre todos los frentes: las ocupaciones, las construcciones, la comercialización irregular de parcelas y los movimientos internos dentro de las tierras fiscales.
Ordenar el territorio de una región que no para de crecer
Más allá del caso puntual, la acción se inscribe en una política de fondo: ordenar y resguardar las tierras fiscales en una zona atravesada por el crecimiento acelerado que trae Vaca Muerta. Donde el desarrollo empuja y el suelo se revaloriza, el Estado busca garantizar que las reglas se cumplan y que nadie se apropie de lo que pertenece a toda la provincia.
Ese trabajo se realiza de manera articulada con la Municipalidad de Añelo, que proyecta ampliar su ejido hacia el sector para luego avanzar en su zonificación y lograr un mayor ordenamiento urbano. La Provincia, por su parte, adelantó que continuará con las actuaciones necesarias para recuperar las tierras, impedir nuevas operaciones y asegurar que cualquier uso, adjudicación o desarrollo sobre suelo fiscal se haga dentro de los mecanismos que fija el Estado neuquino.
En el fondo, la disputa por estas 240 hectáreas expresa algo más grande: la decisión de que el boom de Vaca Muerta se traduzca en desarrollo ordenado y no en desorden, y de que el patrimonio de los neuquinos siga siendo, efectivamente, de los neuquinos. Cuidar la tierra fiscal es también cuidar el futuro de la provincia.
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